Hoy participamos del Comité de Innovación de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura, coordinado por la consejera Jimena de la Torre, en el marco del Plan Estadístico Nacional del Poder Judicial.

Desde Bases Republicanas celebramos esta convocatoria plural, horizontal y técnica, orientada a modernizar el sistema judicial, garantizar mayor transparencia y transformar la información pública en una verdadera política de Estado.

Planteamos que el análisis estadístico no puede limitarse a números aislados. Como expresó Luis Cevasco: “El análisis estadístico crudo debe ir necesariamente acompañado de un análisis cualitativo”. Y agregó: “Es imprescindible que, al menos en fueros como el federal, penal ordinario y penal económico, las estadísticas se integren con la información de las fiscalías y de la Defensoría Oficial. Gran parte de las defensas provienen de la Defensoría, y resulta clave conocer qué tipo de ‘clientela’ atiende ese organismo y cuáles son sus demandas. También debe incluirse información sobre la actuación de la Oficina de Querellas de la propia Defensoría para entender mejor quiénes son los usuarios del sistema de justicia”.

Por su parte, Mauro Vazón subrayó: “Siempre vamos a apoyar todo aquello que implique mayor transparencia y más horizontalidad”. Y añadió: “Lo que no se conoce no existe. La información pública debe ser casi una política de Estado, accesible para todos sin necesidad de que la sociedad civil deba reclamarla”. Además, remarcó la importancia de asignar sentido a los datos recolectados:“Si el dato, por más cualitativo que sea, no se sabe para qué sirve y no hay una devolución desde los operadores judiciales acerca de su utilidad, no será suficiente. Esa información debe convertirse en insumo para el diseño de políticas públicas y para fortalecer el sistema judicial”.

Reafirmamos nuestro compromiso con una justicia abierta, transparente y guiada por evidencia. La mejora de las estadísticas judiciales no es un asunto técnico aislado: es una herramienta clave para fortalecer la confianza ciudadana, optimizar recursos y garantizar un sistema judicial más eficaz y cercano a la realidad social.