En los últimos días ha quedado demostrado que la corrupción es un delito que socava las instituciones de la Republica y degrada el Estado de Derecho, afectando el ejercicio de nuestras libertades. También conduce al autoritarismo y altera el orden democrático y la convivencia pacífica de los ciudadanos.

La corrupción afecta seriamente la seguridad pública, ya que es un catalizador de otros delitos graves y atrae especialmente a organizaciones criminales, que encuentran en la corrupción incentivos para operar.

Por último, la corrupción compromete el orden económico financiero, ya que ahuyenta a emprendedores y altera las reglas de la sana competencia que mueven al libre mercado, desalentando la inversión y la creación de esas fuentes genuinas de trabajo que el país necesita para erradicar la pobreza.

A la larga, la corrupción colisiona con la idea de una sociedad libre y destruye el proyecto colectivo de Nación.

Por eso, aunque la cura duela, es un mal que debemos extirpar para el desarrollo futuro.