En el día de la fecha nos presentamos como Amicus Curiae – Amigos del Tribunal – en la causa conocida como “Olivos Gate”, por considerar la improcedencia de la solicitud del Sr. Presidente de la Nación y la irrazonable aceptación por parte del fiscal de la causa.

Los argumentos que motivaron nuestra presentación son:

El Código exige que para una solución amistosa de conflicto haya, al menos, dos partes: imputado y víctima. En este caso, el presidente cometió un delito contra la salud pública de los argentinos, por lo que no hay una víctima para resarcir. Por eso, no se puede cerrar la causa por esta vía de reparación.

El Código Procesal establece que no se podrá prescindir de la acción penal cuando el imputado es funcionario público, y el mismo fuere cometido en el ejercicio de su función.

Para que la acción sea disponible, el hecho tiene que ser insignificante y no afectar el interés público. Sin embargo, en este caso fue el propio presidente quien nos hizo saber que la violación de la cuarentena era un hecho grave y que debía serle aplicado todo el rigor de la ley.

El ofrecimiento efectuado como reparación es por demás insuficiente para resarcir satisfactoriamente todas las consecuencias producidas por el hecho. La cuarentena estricta impidió que miles de personas no se puedan despedir de sus seres queridos, vínculos sociales que se rompieron para siempre, sueños que se frustraron, miles de trabajos perdidos y comercios cerrados.

En cuanto al monto ofrecido ($ 1.6 millones) es extremadamente exigua, en comparación con que el propio presidente exige en la demanda civil que impulsó contra una opositora, y le solicita $100 millones.

Queremos aportar opiniones al tribunal respecto de algunos puntos tratados en la causa, para brindar criterios y análisis que serán de utilidad al momento de decidir la marcha de la causa. Solicitamos que se nos permita hacer conocer al tribunal nuestros argumentos jurídicos sobre la situación de trascendencia institucional que se investiga.

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