Desde la Asociación Civil Bases Republicanas, con el patrocinio letrado del Dr. Luis Jorge Cevasco, presentamos un memorial ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en el marco de la causa por lavado de activos que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al empresario Lázaro Báez y a otros imputados.

Este escrito, que reemplaza la audiencia prevista para el 24 de junio conforme al artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación, impugna la decisión del juez Sebastián Casanello de rechazar la incorporación de una escucha telefónica clave. En dicha conversación, Lázaro Báez reconoce que los fondos que administraba “eran de alguien de arriba” y admite que pudo haberlos “administrado mal”. Consideramos que esta prueba es esencial para reforzar la hipótesis de que Báez actuó como testaferro del matrimonio Kirchner, y que los fondos producto de maniobras de corrupción y blanqueo habrían sido canalizados a través de Austral Construcciones, Helvetic Services Group y cuentas bancarias en el extranjero.

El mes pasado, la Cámara Federal porteña —con los votos de los jueces Eduardo Farah y Mariano Llorens— admitió nuestra queja y ordenó al juez Casanello revisar su decisión, escuchando los argumentos en audiencia antes de desechar la prueba. Los camaristas concluyeron que la apelación había sido “mal denegada” y que correspondía habilitar la revisión para evaluar la incorporación del audio al expediente.

En el memorial, advertimos que la negativa inicial del magistrado, carente de fundamentos jurídicos sólidos y contraria al impulso dado por el fiscal Guillermo Marijuan, afecta gravemente nuestro derecho como querellantes a promover la acción penal y acceder a la verdad. Por ello, solicitamos el apartamiento del juez Casanello por pérdida de objetividad e imparcialidad.

Finalmente, anunciamos que, de ser necesario, reservamos el caso para acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante recurso extraordinario, en virtud del impacto institucional de los hechos y su relevancia para la lucha contra la corrupción y la defensa del Estado de Derecho en la Argentina.