Sabe nuestra historia de fracasos y de glorias, sabe nuestra historia de antinomias y hegemonías contrapuestas La historia argentina, tejida de triunfos y adversidades, enfrentamientos y consensos, ha sabido forjar su camino a través de la búsqueda de unidad y la legitimidad.

La sanción de la Constitución de 1853 es un claro ejemplo de esta perseverancia. Más de treinta años de esfuerzos y diálogos culminaron en una Carta Magna que se erigió sobre los cimientos de pactos preexistentes, desde el Pacto de Pilar en 1820 hasta el Acuerdo de San Nicolas en 1852. Estos pactos, lejos de ser meros acuerdos políticos, representaron la aspiración de un país en busca de su identidad y gobernabilidad.

La incorporación de Buenos Aires en 1860 marcó el inicio de una etapa de paz y fortalecimiento para la Argentina.

Sin embargo, a partir de la década del 30, Argentina experimentó un quiebre en su trayectoria democrática. La afrenta a las instituciones dio paso a una serie de líderes mesiánicos que perpetuaron una lógica de confrontación, llevando al país a un proceso de política pendular donde las antinomias y la lógica amigo/enemigo eran la única variable de acceso al poder. La polarización se convirtió en la norma, y la búsqueda de acuerdos cedió terreno ante la retórica divisiva.

En este contexto, la construcción de consensos se volvió esquiva. Las voces críticas eran silenciadas, y la independencia de los poderes del Estado se vio amenazada. La democracia, que debería ser un espacio de deliberación y participación ciudadana, se vio socavada por la intolerancia y la falta de apertura al diálogo.

El año 1987 marcó otro paréntesis en esta lógica con el comienzo de un nuevo proceso de diálogos y acuerdos que culminaría en la reforma más trascendental de nuestra Constitución Nacional en 1994. Esta reforma representó un hito en la consolidación de nuestra democracia y en la protección de los derechos fundamentales de los argentinos. Durante la fase inicial de negociación (hoy un concepto que desgraciadamente se ha vuelto mala palabra para muchos), se cristalizaron tres acuerdos fundamentales: un Pacto Federal entre los gobernadores, un acuerdo político entre partidos y el respaldo social de las entidades intermedias.

Estos acuerdos reflejaron ciertos estándares de salud democrática: una evolución en la política basada en consensos, la importancia de contar con partidos políticos robustos y una sociedad civil activa y comprometida. Además, se reconoció la necesidad de fortalecer las instituciones y garantizar su perdurabilidad más allá de las ideologías e intereses de cada sector. Con estos pilares, Argentina logró en 1994 volver a una etapa de diálogo colectivo que entiendía a la política como una construcción de consensos.

Es crucial recordar que aquellos consensos históricos no solo dieron forma a nuestra Constitución, sino también a instituciones que han contribuido a reducir el hiperpresidencialismo y a garantizar la independencia del Poder Judicial, como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Sin desconocer los desafíos que enfrentan, como la politización de sus decisiones y la necesidad de mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia en sus procesos de selección y disciplinarios, estas instituciones han demostrado ser fundamentales para el fortalecimiento de las estructuras nacionales.

El legado nos interpela. La polarización política y la retórica confrontativa han reemplazado el diálogo constructivo. La “grieta” se ha convertido en un abismo que separa a los argentinos, dificultando la búsqueda de acuerdos. Un país próspero necesita seguridad jurídica basada en políticas de estado legitimadas socialmente por los actores políticos y por la ciudadanía. La salud de una democracia representativa se mide por la calidad institucional y solidez de los partidos políticos.

Reivindiquemos estos procesos históricos que dan cuenta de una dirigencia política que estuvo a la altura de poder interpretar la realidad social, logrando dar vida al derecho poniéndolo al servicio de la unión de los argentinos. En este aniversario de la reforma constitucional, recordemos que la búsqueda de acuerdos y la preservación institucional son esenciales para una democracia saludable.

Por Jimena de la Torre.