Desde la Asociación Civil Bases Republicanas reclamamos el estricto cumplimiento de la Constitución Nacional por parte de las máximas autoridades nacionales.

Como dijo Rousseau en “El Contrato Social”, para que sea posible vivir en paz en sociedad, hay que someterse al “dulce yugo de la ley” y nuestra ley fundamental, la Constitución Nacional, establece un sistema claro resolución de conflictos en manos del Poder Judicial que aplica a todos por igual, sean particulares, organismos o funcionarios públicos.

Que el Poder Ejecutivo Nacional, junto con algunos de sus pares provinciales, se pronuncien de manera agresiva contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incitando y justificando su desobediencia, constituye una grave ruptura del orden institucional y la puesta en crisis del sistema que garantiza la vida en paz en la sociedad.

Los artículos 1, 5, 109, 116, 117 y 121 de la Constitución Nacional determinan la división de poderes, los límites del Poder Ejecutivo, el rol del Poder Judicial en la resolución de los conflictos y las limitaciones de la provincias frente al poder delegado a la Nación, por lo que su desconocimiento pone a los funcionarios involucrados en la situación de atentado contra el orden constitucional prevista en el artículo 36.

Por ello, las manifestaciones y acciones del Presidente de la Nación y gobernadores de provincias, banalizando la división de poderes y anunciando la desobediencia a fallos, merecen el firme repudio sin perjuicio de las acciones institucionales, como el juicio político, y judiciales, que pueden derivar de tales conductas.

Este nuevo ataque contra la Justicia se enmarca en una campaña política de desprestigio del Poder Judicial para justificar el rechazo de sentencias legítimamente dictadas por graves casos de corrupción y poniendo límites a desvíos discrecionales de poder.

Finalmente, consideramos necesario llamar a la reflexión de las autoridades nacionales para que cese el permanente intento de dividir a la sociedad argentina, mediante el recurso de desprestigiar las instituciones republicanas y el sistema de la Constitución Nacional que las establece. El cuidado de la República y de sus instituciones nos compete a todos.