La asociación civil Bases Republicanas se presentó hoy ante la Organización de las Naciones Unidas para solicitar que el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados tome cartas en el asunto en cuanto a la independencia de los jueces y abogados que están interviniendo en la causa de Vialidad.

“Los hechos recientes en el contexto de un juicio por corrupción a gran escala que se desarrolla contra la actual vicepresidenta, han planteado serias preocupaciones en el país sobre el compromiso del gobierno argentino de defender el Estado de Derecho, respetar la independencia del Poder Judicial, y proteger el órden constitucional” afirmó Valeria Viola, actual presidenta de Bases Republicanas.

Según se detalla en la presentación realizada ante la ONU, en muchas de las causas judiciales que involucran a Cristina Fernández de Kirchner y a exfuncionarios de su gobierno “existe un plan coordinado para desbaratar todas las investigaciones, amedrentar jueces y fiscales, y avanzar hacia la impunidad de la ex presidenta, sus hijos y algunos de sus ex colaboradores”.

También, afirma que este plan “comenzó con una campaña de desprestigio de las investigaciones a partir de considerarlas parte de un sistema de ‘lawfare’, conforme el cual presuntamente tales personas fueron involucradas en procesos penales como un modo de persecución política a través del sistema judicial, no obstante las confesiones brindadas en sede judicial por numerosos arrepentidos”.

Con respecto a una posible condena de la procesada vicepresidenta, la asociación civil destaca que “mientras desde un sector del oficialismo se instala la falsa idea de que el juicio fue ilegal y la acusación carente de sustento probatorio, en otros sectores se instala la amenaza concreta de que no será aceptado en lo pendiente -la sentencia de la causa ‘Vialidad’ y los fallos pendientes en ‘Hotesur-Los Sauces’ y ‘Cuadernos’- un resultado desfavorable a la actual vicepresidente y que de producirse se promoverán disturbios contra el orden institucional”.

Viola afirmó que “recurrimos a las Naciones Unidas con el objetivo que se le solicite información al Estado argentino, porque muchos de los hechos que sucedieron desde el alegato del fiscal Luciani por parte del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta, funcionarios y militantes es de una gravedad institucional muy alta, y necesitamos que el mundo mire lo que está ocurriendo en la Argentina”.

La misiva fue enviada a Diego García-Sayán, quien desde 2016 se desempeña como Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas.