Las recientes manifestaciones de la Vicepresidente, avaladas por el Presidente de la Nación, agraviantes para con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sin fundamentos ciertos que admitan el cuestionamiento, sumadas al absurdo proyecto de elevar a veinticinco la cantidad de miembros de ese Tribunal y los previos intentos de condicionar la autonomia del Ministerio Público Fiscal, importan claras injerencias indebidas en la independencia judicial y violan los arts. 1, 109, 110 y ccs. de la Constitución Nacional.

La vida republicana exige que quienes ejercen la función pública adecuen su conducta al sistema constitucional, dentro del cual se encuentran las soluciones para los cuestionamientos que puedan hacerse a los magistrados y el
sistema jurídico tiene los resortes para que se formulen formalmente las denuncias que se estimen pertinentes y se recurran los fallos que se consideren adversos, porque los disensos con las decisiones judiciales deben dirimirse en el marco de cada actuación ante los tribunales competentes (art. 116 de la Constitución Nacional).

Por ello, es inaceptable que por la sola razón de que la Vicepresidente tiene que responder por serias acusaciones de corrupción ante el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo junto con sectores afines del Poder Legislativo pongan permanentemente en crisis la credibilidad del sistema de Justicia.