Desde nuestro lugar de asociación civil enfocada en fortalecer la República, desde Bases Republicanas nos vemos en la obligación de alertar respecto al proyecto de ley del Poder Ejecutivo para aprobar sus tratativas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual consideramos claramente contrario a los principios republicanos y en particular a la división de poderes, en tres aspectos:

1. El proyecto pretende que el Congreso apruebe un programa económico diseñado por el Poder Ejecutivo y que sería ejecutado o eventualmente incumplido por dicho Poder. El Congreso no puede ni debe votar programas económicos, por cuanto ellos son facultad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo y del Jefe de Gabinete, tal como lo dispone el artículo 100 de la Constitución Nacional. Es inaceptable aceptar el precedente de un Congreso aprobando o rechazando programas de administración de otro poder del Estado. Lo único que el Congreso puede tratar son normas que autoricen el endeudamiento público para cumplir con los pagos de deuda externa (artículo 75, incisos 4, 7 y 8 de la Constitución Nacional).
2. El proyecto pretende utilizar una ley del Congreso como salvoconducto para la impunidad de acciones que se investigan en la Justicia Penal, como ya sucediera en los casos del “Memorándum con Irán” y en la apropiación de Ciccone. En esta ocasión, además, pretende pre constituir prueba o bajarle línea desde el Congreso a los jueces penales que intervienen en causas específicas, como en las que el propio Presidente impulsa contra las anteriores autoridades por el acuerdo con el FMI o las que investigan la posible comisión de delitos en el programa de vacunación del Covid-19.
3. Finalmente, los compromisos asumidos en lo que hace a la modificación de la ley penal cambiaria, resultan inaceptables pues constituyen una cesión, substitución o sujeción de la soberanía del pueblo argentino en un órgano de crédito internacional.